Guía | Cómo gestionar correctamente una denuncia interna en España

Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción —que transpone la Directiva (UE) 2019/1937—, todas las empresas privadas con 50 o más trabajadores, el conjunto del sector público y determinadas entidades como partidos políticos, sindicatos y fundaciones vinculadas están obligadas a contar con un canal de denuncias interno operativo.

Tener el canal implantado no es suficiente: la ley exige respetar un procedimiento concreto —con plazos, garantías de confidencialidad e independencia— tanto en la recepción de la denuncia como en la fase de investigación, que es donde se concentran los mayores riesgos de nulidad del expediente.

Hemos preparado una guía práctica que explica, paso a paso, cómo gestionar correctamente una denuncia interna conforme a la ley vigente.

¿Qué incluye nuestra guía práctica?

• Quién está obligado a tener un canal de denuncias y qué ocurre si el plazo de implementación ya venció.
• Los principios que debe respetar el canal: independencia, confidencialidad y protección de datos (art. 6.1.c y 9.2.g RGPD).
• El procedimiento de tramitación paso a paso: recepción, acuse de recibo (7 días naturales), admisión a trámite, investigación, resolución (3 meses, ampliables) y conservación documental.
• Claves de la fase de investigación: planificación, recopilación de evidencias y cómo llevar a cabo las entrevistas sin comprometer la validez del proceso.
• Los derechos del denunciado y el régimen sancionador, con multas de hasta 1.000.000 € impuestas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) y los órganos competentes de las comunidades autónomas.

¿Necesitas ayuda para implantar o revisar tu canal de denuncias?

Nuestro equipo de Cumplimiento normativo puede ayudarte a diseñar o gestionar tu sistema canal de denuncias, así como a acompañarte en la tramitación de una denuncia para minimizar riesgos legales y reputacionales.

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